La ausencia del Estado y de políticas ambientales en las zonas de influencia que rodean a los proyectos mineros provoca que la exploración y explotación sean caldos de cultivo de conflictos sociales. Para evitarlos, se requiere una gestión transparente que despierte confianza.

No son los más de S/1.834 millones aportados por canon y regalías en el primer semestre, los que han puesto a la minería de nuevo en la conversación pública. El “descontento” de algunas comunidades, el marco político pre-electoral y hasta los discursos de algunos congresistas están afectando la reputación minera. el beneficio económico que ha generado esta actividad nos ha permitido crecer y sostener la inversión social a lo largo de estos años. Pero igual de inobjetable es la percepción negativa que generan algunas actividades de exploración y extracción en ciertos proyectos, aún antes de iniciarse.

¿Cómo una actividad clave para el desarrollo nacional tiene dos caras tan opuestas? La reputación de la actividad minera ha entrado a un estado neurálgico, donde es imprescindible replantear acciones, formas de ser y hacer. No solo de “decir” las cosas. Los más de 153 mil empleos directos, las donaciones para bienestar social y en salud parecen no ser suficientes.

Una confluencia de factores configuran la vigente conflictividad social. A una población desinformada, que convive con pasivos mineros, se ha sumado el azote del desempleo, la innacesibilidad a servicios de salud y otros males. Los poco valorados beneficios de la “nueva minería”, los relacionamientos inefectivos y de corto plazo y las situaciones que generan comunicaciones reactivas complican la situación. Subsiste la carencia de líderes que promuevan plataformas de diálogo sobre los deberes y derechos de todas las partes involucradas.

AUSENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La ausencia del Estado es constante, sobre todo en materia ambiental. Su rol de principal promotor y regulador de los derechos y deberes de los diferentes actores involucrados es marginal. La población posee y reclama derechos, pero también son responsables de cumplir sus deberes como ciudadanos. Nadie parece tener la autoridad para exigírselo.

Hay variables reputacionales con una gran sensibilidad: la transparencia, la confianza, el valor del agua y la generación de empleo. Por ejemplo, el “valor del agua” es uno de los principales pilares en la elaboración de planes de desarrollo ambiental, por la importancia de los efectos del cambio climático y la convivencia con otras actividades, como el agro.

Un proyecto extractivo, de cualquier dimensión, va a generar diversos niveles de expectativas. Éstas deben abordarse bajo una óptica de ofertar mejores oportunidades de desarrollo humano a los que realmente se esfuercen. La transparencia y la confianza generarán legitimidad y permitirán gestionar una reputación más social, con vínculos sostenibles y duraderos.

(Luis Avellaneda es director de la agencia de comunicaciones Realidades y miembro del directorio de la red Worldcom Public Relations Group para Latinoamérica).

Fuente: El Comercio
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