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ENTREVISTA: Desaprobados en educación y diálogo

Jorge Acevedo, catedrático y especialista en investigación de comunicación política y comunicación para el desarrollo, analiza a profundidad los principales componentes en torno a la huelga magisterial.

Por más de 65 días, Perú se ha visto azotado por una paralización de maestros, en casi la totalidad de sus regiones. En su punto más álgido, la mitad de los profesores se declararon en huelga. Desde los 80´ este país no experimentaba una manifestación social tan extensa, confrontacional y ambigua entre el Gobierno y una representación social. ¿Refleja que el milagro económico de Perú no ha llegado a todos? ¿La educación y el diálogo no son prioritarias en la agenda política? Conversamos con Jorge Acevedo, catedrático y especialista en investigación de comunicación política y comunicación para el desarrollo, quien analizó a profundidad los principales componentes de este conflicto y el rol de la comunicación política en él.

¿Qué ha evidenciado la política y la representación social de los maestros en este paro nacional?

La huelga de los profesores no sólo ha puesto en jaque al Gobierno de turno. Representa también una importante expresión organizada del malestar de un sector de la sociedad respecto al modelo económico y la incapacidad de los políticos y el Estado por mejorar la redistribución de la riqueza, a través de mejores salarios y otras condiciones laborales.  Una huelga tan extensa ha mostrado con nitidez la incapacidad política del gobierno para resolver un conflicto, incapacidad para comunicarse y dialogar. La tecnocracia del Gobierno presenta serias limitaciones para procesar conflictos que tienen un carácter político. Ante múltiples intereses, hasta fuerzas políticas opositoras han develado su ambición de poder negociando prebendas legislativas con un sector de los maestros.

Bajo este escenario, ¿cómo se han proyectado cada uno de los principales actores frente a la opinión pública?

La encuesta urbano – rural aplicada por GFK en agosto 2017, mostraba resultados muy interesantes. El 64% de los encuestados considera que los maestros tienen demandas salariales justas. Y el 72% pensaba que el gobierno está manejando mal el conflicto con los profesores. La opinión pública percibe un manejo errático de la huelga y este hecho, sumado a otros, ha significado que la aprobación a la gestión del Presidente baje a 19%. Al mismo tiempo, el 84% de los encuestados afirmó de acuerdo con la evaluación para ingresar y ascender en la Carrera Pública Magisterial, lo que difiere del pedido de los maestros. Es decir, para la opinión pública ambos temas son compatibles, complementarios. Lo que el Gobierno tendría que hacer es, en primer lugar, atender de manera progresiva las justas demandas de los maestros, y perfeccionar el sistema de evaluación de los profesores, con criterios y mecanismos claros para los docentes.

Desde tu punto de análisis, ¿cómo calificas la gestión de la  comunicación que ha desplegado el Gobierno?

El Presidente y buena parte de sus ministros tienen serios problemas de comunicación que se derivan de la manera como conciben y ejecutan sus roles como gobierno. Un gobierno debe conducir políticamente los conflictos, y en general, el desarrollo del país. Para ello debe apoyarse en el conocimiento y las alternativas de solución que le propone la burocracia en sus capas más altas, es decir, los técnicos. No al revés. Hay un problema político de fondo. El Gobierno no entiende, o no quiere entender, los diferentes problemas del país y tampoco hace un esfuerzo por conocer y dialogar con los diferentes actores sociales. En el caso de la huelga de profesores, su discurso ha sido contraproducente en la medida que estigmatizó a los docentes y sus demandas denunciando vínculos con el MOVADEF, una organización legal vinculada a Sendero Luminoso (grupo terrorista que causó una ola de violencia histórica en Perú). Ese fue un error grave. Sin embargo, los medios de comunicación no han desarrollado un escenario desfavorable para el Presidente. Solo un sector evidenció y amplificó los errores políticos y comunicativos del mandatario y sus ministros.

¿Estamos frente a un fenómeno social que será más recurrente en el país? 

La huelga docente expresa fundamentalmente dos fenómenos. Por un lado el malestar de un sector social, respecto al modelo económico y las serias limitaciones que tiene el Estado para implementar políticas salariales mucho más redistributivas que las actuales. Y, por otro, expresa una crisis de la dirigencia del SUTEP, el principal gremio que representa a los profesores, evidencia la emergencia de un sector que ha tenido la virtud de recoger y representar las principales demandas de decenas de miles de profesores. Ambos fenómenos requieren una respuesta política por parte del Gobierno; y en general, de la clase política y también empresarial.

En este contexto, ¿qué lecciones comunicativas nos ha dejado esta paralización? <

La gestión de la comunicación es clave, pero más importante es tomar buenas decisiones políticas. Para ambas, es necesario el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Es decir, preguntarse el por qué de la huelga y su inusitado vigor, cuáles son los problemas y las demandas que están detrás, cuál es la situación de los profesores y profesoras que trabajan, por ejemplo, en una zona rural. El gobierno no tiene los cuadros políticos y técnicos preparados, ni la voluntad política de algunos ministros, para escuchar, dialogar y negociar. Un tipo de racionalidad “técnica”, que no es neutral, no basta para afrontar problemas sociales y políticos muy complejos.

¿De qué manera se pueden gestionar  espacios para asegurar una participación real y representatividad de grupos sociales? 

Hace falta voluntad política para construir otros vínculos con diversos sectores sociales. Está bien dialogar con empresarios inversionistas, pero es necesario también dialogar con sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas. No se puede gobernar pensando sólo en un tipo de eficiencia económica La huelga de los profesores ha demostrado que hay dirigentes que pueden tener las credenciales formales o reconocimiento legal, pero no necesariamente la legitimidad en términos de representación social y política.  El gobierno debió incorporar, desde el inicio, no sólo a dirigentes formalmente reconocidos, sino a dirigentes representativos.